Actualmente en Colombia se estiman cerca de nueve millones de víctimas por conflicto armado amparadas bajo la Ley 1448 de 2011 que establece las medidas de atención, asistencia y reparación integral a esta población.
El conversatorio contó con la participación del juez de Instrucción Penal Militar, CT. Robin Camacho Rojas quien manifestó la importancia del papel de la fuerza pública en la reconstrucción de la memoria histórica y el riesgo que han corrido cada uno de sus miembros al enfrentar situaciones de violencia en el país.
“Los integrantes de la fuerza pública generamos con nuestras acciones la primera fuerza en la defensa y protección de los derechos humanos. Es nuestro deber entregar hasta el último aliento con el fin de salvaguardar la vida de las personas”, expresó el Capitán.
Actualmente en Colombia se estima que, del número total de víctimas, 374.512 corresponden a soldados y policías presentes en enfrentamientos desarrollados en las llamadas zonas rojas, según el más reciente dato entregado por el Ministerio de Defensa.
La magíster Digna Durán Murillo, quien se desempeña como catedrática en Mediación para la Paz del Instituto de Derecho Internacional Humanitario San Remo expuso el aporte desde su experiencia en la creación de soportes legales para brindar apoyo a estas comunidades:
“Cuando se trabaja por las víctimas hay que despojarse de todo tipo de presunción y pensar en la población afectada. Como servidora pública estoy para transformar los escenarios de dolor y miserias que atraviesan y generar en ellos esperanza”.
Según datos entregados por el Congreso de la República de las 8.074.272 víctimas, 7.134.646 son casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros, entre otros hechos.
Al conversatorio se unió Jacqueline Rodríguez, comisionada de la Cruz Roja Internacional, quien desde Ucrania expuso los aciertos que ha tenido la implementación de organismos en Colombia que buscan la verdad, justicia y reparación de las víctimas, quien manifestó:
“La dignificación tiene que ser para todos, para mí que estoy aportando al proyecto, para la víctima que ha sido vulnerada por años, para el funcionario que tiene procesos represados en el despacho, para la comunidad internacional que tiene que entender cuáles son las necesidades y así poder invertir correctamente. La víctima siempre debe estar en el centro del proceso”.
Los asistentes al Conversatorio disfrutaron de las experiencias compartidas por Virna Santos, directora de Santos Law Group, que la convirtieron en pieza fundamental en el desarrollo humano de los funcionarios protagonistas en el proceso de legalización y reparación de víctimas:
“Hemos tenido que trabajar humanizando la atención de fiscales y jueces, sensibilizándolos y creando empatía con la labor que desarrollan y la importancia del servicio a las víctimas. En Colombia muchos funcionarios no actuaban respetando a esta población”.
La SANTOTO comprometida con esta población brinda, desde el Instituto de Victimología, atención integral por medio de espacios para la investigación científica, la formación académica de investigadores, la información a las víctimas de conductas punibles sobre las instituciones públicas y privadas que se ocupan de su protección, cuidado y atención; así como la realización de convenios con organismos nacionales e internacionales relacionados con el tema.
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